La realidad es que
Algo no está funcionando en el país cuando un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe mensualmente 188 veces el salario mínimo que ganan 6.5 millones de mexicanos.
O que los ingresos mensuales de estos 11 ministros del Poder Judicial son 63 veces superiores a los ingresos de las dos terceras partes de la población ocupada que ganan hasta tres salarios mínimos.
Incluso estas cifras comparativas son mucho más dramáticas si al sueldo tabular de los ministros de la Corte se le incluye la larga serie de prestaciones que reciben y que elevan su ingreso anual en casi dos millones de pesos adicionales.
Si se toma en cuenta estas prestaciones, entonces los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtienen ingresos por 264 veces el salario mínimo y 90 veces lo que ganan más de dos terceras partes de los mexicanos que tienen una ocupación y que suman alrededor de 33 millones.
Estas abismales diferencias de ingresos entre lo que gana un alto funcionario público del Poder Judicial y el nivel de ingresos de la población en general, se aplica igualmente a los seis Consejeros de la Judicatura Federal y a las siete plazas que ocupan los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos ellos tienen ingresos brutos por más de 6.3 millones de pesos anuales según las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2014, además de una serie de “apoyos” excepcionales entre los que se cuentan generosas pensiones a su retiro.
El asunto es que los elevados sueldos y las millonarias prestaciones monetarias y no monetarias que se reparten en los altos niveles del sector público -como el Poder Judicial- han marcado un enorme divorcio con la sociedad mexicana, como atinadamente lo puntualizó Lorenzo Córdova, el flamante presidente del Instituto Nacional Electoral.
Por eso el tema de las pretendidas pensiones vitalicias a otorgarse a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, al amparo de las recientemente aprobadas leyes electorales, no es un asunto que deba pasarse por alto. No por la ciudadanía.
Y es que la racionalidad presupuestal está de cabeza. Mientras que se imponen sacrificios tributarios a una población económicamente menguada para dotar al Estado de mayores recursos fiscales bajo el pretexto de apuntalar el desarrollo, la burocracia del Estado percibe sueldos millonarios, viaja en primera clase y recibe todo tipo de lujosos “apoyos” monetarios.
Formalmente el gobierno reconoce que hay un problema. Recientemente el subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo, en una entrevista con arenapublica.com calificó al abuso en los gastos en servicios personales de la burocracia como “ominoso y doloroso” y presumió que el gobierno del presidente Peña Nieto ha controlado el creciente gasto corriente que impulsaron los gobiernos panistas.
Sin embargo la realidad es que el “modus vivendi” de la alta burocracia del país sigue ahondando su divorcio con la sociedad y hace crecer la desconfianza que ya existe entre ellos. Y es que en su estrategia reformista el presidente Enrique Peña Nieto no planteó ninguna reforma a fondo de la administración pública consecuente con su objetivo de elevar la productividad de la economía para sustentar el crecimiento de mediano plazo.
Por el contrario, lo que vemos es una burocracia que se sigue enriqueciendo a partir del presupuesto público -las pensiones en el TEPJF son sólo una muestra- mientras que la economía no marcha y los ciudadanos ven como se deterioran sus ingresos.
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LUIS PABLO BEAUREGARD, El País
El historiador Enrique Krauze documenta en su libro La presidencia imperial uno de los aforismos de la política mexicana más populares: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. La frase fue acuñada por una amistad del expresidente Miguel Alemán (1952-1958) que sorteó gran parte de su vida gracias a los sueldos obtenidos en el Gobierno. Cuando quedó sin cargo, El tlacuache, como llamaban al personaje, se suicidó. El enunciado se sigue usando en México para subrayar el cinismo con el que algunos funcionarios públicos se aferran al erario público.
Bajo esta lógica, los magistrados electorales vivirán evitando el error. Por el resto de sus vidas. Hace unos días comenzó a trascender en los periódicos nacionales que dentro de las complejas leyes reglamentarias de la reforma política aprobadas por el Senado se habría colado una pensión vitalicia para los siete jueces del Tribunal Electoral, funcionarios públicos que ganan 355.000 pesos al mes (27.000 dólares).
Los magistrados fueron los encargados de calificar la elección de 2012 en la que triunfó Enrique Peña Nieto. Desahogaron decenas de acusaciones realizadas por los partidos de oposición, que denunciaban compra y coacción del voto.
El hecho ha encendido una acalorada polémica en un país de 52 millones de pobres y donde el 60% de la población económicamente activa vive en la informalidad sin prestaciones como acceso a la seguridad social o pensiones para la jubilación.
Este sábado los siete magistrados emitieron un comunicado señalando que había un “error en la interpretación” que se ha difundido en la prensa. Dicen que no se trata de una pensión vitalicia ni un bono sino de un “haber de retiro” que está contemplado por la ley porque al terminar su encargo estarán dos años inhabilitados para trabajar en algo relacionado a su profesión. En el texto votado en el Congreso, sin embargo, no se señala ningún plazo
En el Senado están investigando por qué votaron el beneficio para los jueces. Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional (PAN) y exgobernador del Estado de Guanajuato, señaló que la medida no fue propuesta por ningún partido ni fue tema de debate en las intrincadas negociaciones entre el PAN, PRI (partido en el Gobierno) y PRD (la izquierda), que estuvieron empantanadas por varias semanas. Hicks no es único que se dice sorprendido por el hecho, que refleja la falta de transparencia y debate que tienen muchos de los acuerdos en el Congreso mexicano.
“Quien toma tales decisiones es la propia clase política, que cuida y se respalda en sus mutuos privilegios”, escribió el catedrático José Antonio Crespo. La supuesta pensión fue votada dentro de una serie de normas de corte político electoral que benefician a los integrantes de los partidos políticos pues se han levantado el veto a la relección de diputados y alcaldes y han introducido el esquema de financiación privada a las campañas.
Los altos sueldos y prestaciones de funcionarios públicos suelen ser un tema recurrente en México, que ha fracasado con acotar la brecha de desigualdad en los ingresos que predomina.
El Gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) creó el IFAI, un instituto para acceder a la información pública. Durante los años del panismo salieron a la luz los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ganan cerca de cuatro millones de pesos al año (310.000 dólares), un pago mayor al que recibe el Presidente de México y 188 veces más que el salario mínimo que obtienen 6.5 millones de personas. Se ha dicho que las altas remuneraciones son un aliciente para evitar que los togados no sean tentados por la corrupción. “Nada garantiza que así sea. La pregunta que en países como México debía formularse en si la función que desempeñan justifica tales privilegios. Me parece que la respuesta es negativa”, dice Crespo.
“El ‘modus vivendi’ de la alta burocracia del país sigue ahondado su divorcio con la sociedad y hace crecer la desconfianza que ya existe en ellos”, señala el periodista Samuel García en 24Horas. El mensaje que los políticos mandan es que seguirán viviendo del presupuesto mientras la enorme mayoría de los mexicanos deberá de apretar sus gastos en una economía de un flojo desempeño
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