por Guillermo Fabela Quiñones
El saqueo de los bienes de la
nación por la minoría que piensa y actúa como si sólo sus integrantes tuvieran
derechos “naturales” sobre el resto de la población, ha sido de tal magnitud
que se les están revirtiendo sus consecuencias económicas y sociales. Por eso
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un
incremento inmediato del salario mínimo y así lo comunicó a los candidatos a la
presidencia de la República. El único que aceptó fue Andrés Manuel López
Obrador, quien ahora no fue tildado de “populista”.
Se empiezan a dar cuenta los
pocos beneficiarios del modelo neoliberal que seguir por la ruta de la
explotación inmisericorde de los asalariados, está reduce aceleradamente las
posibilidades de ampliar el mercado interno y dinamizar la economía interna. Aunque
en el fondo se trata de una postura electorera que no tuvo la respuesta
esperada, pues sus candidatos, José Antonio Meade y Ricardo Anaya no abrieron
la boca, el bajo nivel de consumo de los trabajadores es un tema que ya
preocupa seriamente al empresariado.
Sin embargo, lo que más los
comienza a mortificar es un tema que ha estado cobrando fuerza a medida que se
afianzan las posibilidades de una victoria imposible de escamotear al
abanderado de la coalición Todos por México. Aunque se sacó a colación fuera de
contexto, el asunto de las expropiaciones es algo que al sólo escuchar la
palabra pone al borde de una crisis nerviosa a las cúpulas del poder económico.
Es oportuno señalar que no existen condiciones objetivas para dar un paso así,
a pesar de los abusos y robos contra la nación cometidos por la mafia del
poder, sobre todo en el actual sexenio.
Para lo que sí sobran es para
poner fin a tanta ratería y corrupción, porque de continuar como hasta el
momento los resultados serían fatales, no sólo para las clases mayoritarias
sino para miles de empresarios que no pertenecen a la reducida élite que se
benefició con las mal llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que
auténticos latrocinios cuyas consecuencias empiezan a dañar a la economía en su
conjunto, con la obvia excepción de la reducida minoría beneficiada con las
privatizaciones y la venta de garaje de los bienes de la nación.
Esta élite excluyente quisiera
seguir contando con un operador leal y disciplinado en Los Pinos, como hasta
ahora a partir de que la tecnocracia apátrida llegó al poder. Pero está visto
que de continuar así, sin que México cuente con un jefe del Ejecutivo como lo
mandata la Constitución, la inmensa mayoría de la ciudadanía sale perjudicada.
Porque no hay duda de que sin equilibrios mínimos aceptables no hay estabilidad
posible, ni en lo económico ni tampoco en lo político. En la actualidad, desde
hace treinta y cinco años, no existen y los resultados están a la vista.
El Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), en su reporte más reciente señaló
que sólo 3.4 por ciento de los que tienen trabajo reciben “un ingreso de
bienestar”, contra 20.6 por ciento que vive en la precariedad. El dato más
revelador es que sólo 531 mil personas tienen percepciones por arriba de los
26.5 mil pesos mensuales. Obviamente, las cifras se reducen a medida que las
percepciones son más abultadas, al extremo de que menos de 1 por ciento recibe
más de lo que un 95 por ciento de la población restante. Mayor desigualdad es
no sólo alarmante sino inconveniente bajo cualquier punto de vista.
Aun así, no hay margen para
expropiaciones como en el pasado, por la sencilla razón de que tendrían
resultados negativos para la sociedad. Con todo, esto no significa que la
minoría beneficiada con las privatizaciones tengan derecho a seguir abusando,
aprovechando que México no cuenta con un mandatario que cumple sus
responsabilidades constitucionales, sino un simple operador que se dedica en
cuerpo y alma a proteger y engrandecer los intereses de las cúpulas del poder
económico.
Así lo demuestra su soberbia, su
desenfado para exigirle al ocupante de Los Pinos que obedezca sin chistar sus
instrucciones, pues de no hacerlo amenazan con sus chantajes aberrantes, como sacar
sus capitales del país, no invertir más y presiones por el estilo, a sabiendas
de que se saldrán con la suya, por eso ocupan un sitio de privilegio en la
pirámide del poder en el país. ¿Acaso la organización nazi, Mexicanos Primero,
no es lo que hace todo el tiempo, no obstante los extraordinarios beneficios
recibidos en los últimos tres sexenios? ¿Es falso que sus ambiciones llegan al
extremo de pretender suplantar a la Secretaría de Educación Pública, lo cual
han conseguido en buena medida con la aprobación de la reforma educativa?
De ahí que les provoque urticaria
y profundos malestares digestivos el solo pensar que pueda llegar a Los Pinos
un jefe del Ejecutivo a quien no puedan dar órdenes y gritonear cuando quieran.
Por eso están dedicados a crear un clima de animadversión contra el único que
podría cumplir su papel de presidente de la República con dignidad y
patriotismo: Andrés Manuel López Obrador, campaña de odio y terror a la que
ahora suman la especie absurda de las expropiaciones.
Se han acostumbrado de tal modo a
su condición de señores feudales que consideran un ataque el hecho de que sea
imprescindible rescatar el Estado de derecho, como un paso ineludible para
frenar la terrible descomposición del tejido social en el país. No habrá expropiaciones
por la sencilla razón de que no existen condiciones objetivas, por la fuerza
incontrastable de la dependencia económica de México. Pero sí las hay para
construir a marchas forzadas, con el apoyo de la sociedad, una democracia
participativa sólida y con futuro.
